• El 16 de octubre de cada año la FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación.

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  • Opinión de Fernando Eguren, presidente del CEPES, coordinador del Observatorio de Seguridad Alimentaria y editor de La Revista Agraria.

  • En LRA hemos tratado, en repetidas ocasiones, de llamar la atención sobre la falta de voluntad política de las autoridades para llevar adelante una política alimentaria que enfrente decididamente la desnutrición, las incertidumbres a la seguridad alimentaria, y priorice el fomento de una alimentación saludable.

  • El viernes 21 terminaron en Fortaleza (Brasil) tres días intensos de análisis de experiencias y evaluación de políticas sobre agricultura familiar. Convocados por el IICA1 y la Secretaría de Desarrollo Agrario del Estado de Ceará, especialistas del nordeste brasileño, de México, San Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú, además de Etiopía, analizaron la problemática de la agricultura familiar, poniendo el acento sobre varios puntos de coincidencia.

  • El nombre de la Ley 30021 describe claramente su finalidad: «Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes». En síntesis, pretende proteger a este sector de la población y regular la publicidad de los alimentos no saludables (ricos en grasas, azúcares y sodio), la llamada comida chatarra; quiere promover la educación nutricional en las escuelas, y prohíbe el expendio de ese tipo de comida en los quioscos escolares.

     

  • En mayo de 2013 se promulgó la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Además de tener como objeto «la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública», esta ley busca alertar y proteger a los niños del consumo de la comida chatarra, que contribuye al sobrepeso y la obesidad, los cuales,a su vez, influyen en la propagación de la diabetes, enfermedades cardiovasculares[1] y ciertos tipos de cáncer[2].

  • En mayo del 2013 se promulgó la ley 30021 de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley tiene como objeto “la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública” y, más específicamente, busca alertar y proteger a los niños del consumo de la comida chatarra que contribuye al sobrepeso y la obesidad que, a su vez, están asociados con la diabetes, enfermedades cardiovasculares[1] y ciertos tipos de cáncer[2]. El incremento de la población con sobrepeso y obesos en el Perú es constante, y plantea ya importantes desafíos de salud pública[3]. La ley también compromete al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Salud en educar a los niños en una alimentación saludable.

  • Hace unas semanas, el gobierno de Ollanta Humala puso a consulta pública su propuesta de Plan Nacional de Diversificación Productiva(1). Las razones que justifican este plan son —conforme al documento difundido— varias, entre ellas: nivel de productividad bajo y heterogéneo, empleo informal omnipresente, gran desigualdad en los ingresos, escasa innovación, débil institucionalidad, y canasta exportadora aún poco diversificada y concentrada en recursos naturales. Por lo demás, reconoce lo preocupante del contexto externo, debido a la lenta recuperación de los países desarrollados y la reducción de la tasa de crecimiento de China, así como la finalización del viento a favor de la evolución de los precios de las materias prima.

  • A comienzos de mayo se realizará, en Santiago de Chile, la 33 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en la que participarán los ministros de Agricultura de la región.

  • Son cada vez más los ámbitos en los que se evidencia que el Estado abandona su misión de velar por el interés público con la finalidad de favorecer el interés privado. Esto se ve claramente en el apoyo a las industrias extractivas, aun cuando estas pasen por encima de los derechos de las poblaciones locales y afecten el medio ambiente.

  • ¿Quién ejerce la soberanía? El estado nacional, los gobiernos subnacionales o los pueblos. De ser los últimos, de qué manera articulan sus decisiones con las del Estado nacional soberano.